¿Puedo hacer un cerramiento posterior de la terraza derribando la pared que comunica el salón y la terraza?

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La obra de eliminación del muro no afecta a la estética o configuración del edificio ni ha afectado a la estructura, seguridad o estructura del edificio.

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Órgano:  Audiencia Provincial Sede Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Sección 3
Nº de Recurso: 55/2015
Nº de Resolución: 63/2015
Procedimiento: Civil
Ponente:  ADELA BARDÓN MARTÍNEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

 

SENTENCIA

En la Ciudad de Castellón, a cuatro de marzo de dos mil quince.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día dieciocho de noviembre de dos mil catorce por la Sra. Juez de apoyo del Juzgado de 1a Instancia número 2 de Castellón en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 2428 de 2009.

Han sido partes en el recurso, como apelantes, Doña Natividad , y Don Severino , representado/a por el/a Procurador/a D/a. Eva Ma Pesudo Arenós y defendido/a por el/a Letrado/a D/a. Francisco José Otero Bona, y Doña Valentina , representado/a por el/a Procurador/a D/a. Dolores Ma Olucha Varella y defendido/a por el/a Letrado/a D/a. Francisco José Otero Bona, y como apelado, Comunidad de Propietarios DIRECCION000 de Oropesa del Mar, representado/a por el/a Procurador/a D/a. Ramón Alberto Soria Torres y defendido/a por el/a Letrado/a D/a. Ricardo Francisco Beltrán Marco.

Es Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Da. ADELA BARDÓN MARTÍNEZ.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: «Que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D. Ramón Soria Sorribes en nombre y representación de Comunidad de Propietarios DIRECCION000 contra Da Valentina , D. Severino y Da Natividad y declaro la ilegalidad del derribo de la pared de acceso del salón-comedor a la terraza de los apartamentos NUM000 y NUM001 del DIRECCION000 , y condeno a los demandados a la reposición del muro a su estado original, junto con la condena en costas del presente procedimiento.-«.

SEGUNDO.-Notificada dicha Sentencia a las partes, por las respectivas representaciones procesales de Doña Natividad , Don Severino y Doña Valentina , se interpusieron sendos recursos de apelación, en tiempo y forma, en escritos razonados, solicitando en ambos que se dicte Sentencia absolviendo a la apelante de todos los pedimentos de contrario con imposición en costas al demandado en ambas instancias.

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, solicitando se dicte sentencia confirmando la dictada en primera instancia con imposición a la parte apelante de las costas causadas.

Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos.

Por Diligencia de Ordenación de fecha 12 de febrero de 2015 se formó el presente Rollo y se designó Magistrada Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por Providencia de fecha 25 de febrero de 2015 se señaló para la deliberación y votación del recurso el día 3 de marzo de 2015, llevándose a efecto lo acordado.

TERCERO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

NO SE ACEPTAN los de la resolución recurrida en cuanto resulten contrarios a los siguientes:

PRIMERO.-La Comunidad de Propietarios del edificio de Oropesa (Castellón), DIRECCION000, formuló demanda frente a Da Valentina y los consortes D. Severino y Da Natividad , pidiendo que se declare la ilegalidad del derribo de la pared de acceso del salón- comedor a la terraza, y que separa ambos habitáculos, de los apartamentos NUM000 y NUM001 , que forman parte de la Comunidad y la condena de los mismos a su reposición de forma y manera que quede conforme estaban antes de su derribo.

La Sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, al entender en primer lugar que los muros del edificio son elementos comunes del mismo, de acuerdo a la jurisprudencia que cita, por lo que para su modificación es necesaria la aprobación de la Junta de Propietarios por unanimidad, sin que en el presente supuesto hayan comunicado siquiera a la Junta de Propietarios la realización de tales obras o recabado su permiso. Y no ha apreciado que concurra un trato discriminatorio porque sí bien hay más pisos con cerramientos acristalados, con pérgolas, aire acondicionado o tuberías, el caso enjuiciado es diferente, sin que exista constancia de obras análogas a las realizadas en el edificio.

Frente a esta resolución interponen recurso de apelación en primer lugar la representación de Da Natividad y de D. Severino , para hacerlo después la de Da Valentina , si bien ambos recursos son idénticos.

En primer lugar se oponen a la interpretación que se hace en la Sentencia de instancia de la configuración o estado exterior del edificio, que debe ser flexible y acorde a su importancia o transcendencia, así como a la situación o estado exterior de la edificación en su conjunto, y al hecho de que pese a la prohibición del Reglamento de Régimen Interior de toda obra o reforma que afecte a la estética del edificio esto no se ha tenido en cuenta en cuanto al cerramiento de las terrazas, incluso cuando el mismo rebasa la linea de fachada y se ha requerido para que se ajustara a la vertical, siendo un hecho incontrovertido la aceptación por la comunidad del cerramiento de las terrazas, de forma que las obras realizadas no afectan a la estética o configuración del edificio, al haber aceptado la comunidad ese cambio estético, sin que haya habido afectación de la estructura, seguridad o fábrica del edificio.

En segundo lugar alegan la existencia de error en la valoración de la prueba y en la interpretación del artículo 396 del Código Civil y del artículo 7 del mismo texto legal , de forma que concluyen que las obras realizadas no han sido pioneras y su restitución a la situación originaria en nada afectan a la configuración de la fachada, alterada por las obras de otros propietarios que no han sido demandados, lo que le lleva a invocar el abuso del derecho y la existencia de un trato desigual y discriminatorio contrario a la buena fe.

SEGUNDO.-Como esta Sala ya ha recordado con anterioridad, la finalidad de la cuidadosa disciplina legal de la propiedad horizontal se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos de la Ley de 21 de julio de 1960, mediante la que se pretendió la regulación de dicho tipo de propiedad y el establecimiento de un sistema jurídico que presida y gobierne las relaciones entre quienes, en cuanto propietarios de los elementos privativos que conforman la finca, son comuneros de toda ella y de sus elementos comunes, de acuerdo con el régimen general que se enunciaba en el articulo 1 de la LPH y pasó a integrar el artículo 396 CC . Es obvio que la normativa de la propiedad horizontal, tanto la contenida en la Ley de 1960, como la resultante de la importante modificación de la ley 8/1999 y la nueva flexibilización del régimen de mayorías para el establecimiento de determinados servicios tienen por finalidad la armonización de las relaciones entre los propietarios y el equilibrio entre los derechos y los deberes de cada uno.

En el caso enjuiciado las obras realizadas y cuya reposición se solicita por la comunidad consisten en haber derribado en ambas viviendas la pared de acceso del salón-comedor a la terraza, procediendo en ambos casos al cerramiento posterior de la terraza con un acristalamiento metálico, si bien nada se interesa en cuanto a este último, centrándose únicamente la petición de la demanda en la eliminación de ese muro o pared que dividía el salón y la terraza, de forma que en ambos casos ha quedado una sola estancia diáfana.

Para la resolución de la controversia conviene recordar el contenido de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 1023, de fecha 10 de octubre de 2007 (ROJ: STS 7016/2007 – ECLI:ES: TS:2007:7016), Recurso: 4116/2000 , en cuanto se refiere a que » Las facultades del propietario de un piso o local para modificar los elementos arquitectónicos, las instalaciones o los servicios de aquél está sujeta a un doble requisito: a) la obligación de los propietarios de respetar los elementos comunes ( artículo 9 LPH ) y la consiguiente imposibilidad de realizar obras que comporten su modificación sin obtener el acuerdo unánime de la Junta de Propietarios exigida para la validez de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos ( artículo 16 LPH , en relación con el art. 11 LPH aplicable en estos autos, hoy art. 12 LPH ); b) como exige expresamente el artículo 7 LPH , que no se menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores o se perjudiquen los derechos de otro propietario.

Ambos requisitos están en relación entre sí, pues la determinación de si un elemento es común o privativo o reúne simultáneamente ambos caracteres, y con qué alcance, debe hacerse mediante la aplicación, por vía interpretativa de los conceptos utilizados por la ley para definir los elementos comunes (o los fijados en las disposiciones contenidas en los estatutos respecto de los elementos comunes que no tienen carácter esencial: STS de 22 de enero de 2007 )…

Con arreglo a estos criterios el concepto de fachada, que el art. 396 CC incluye entre los elementos comunes, «con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores» no puede aplicarse con un criterio puramente arquitectónico, sino que la determinación de cuáles son los elementos de la fachada que tienen este carácter común debe hacerse ponderando si son necesarios para el adecuado uso y disfrute del edificio ( STS de 18 de enero de 2007 ), examinando si forman parte de la estructura del edificio o valorando si afectan a su configuración externa determinante de su apariencia, tomando en consideración el uso a que están destinados cada uno de estos elementos y los locales a que afectan.

La mera descripción del uso y destino del edificio no supone por sí misma, por otra parte, limitación del uso o de las facultades dominicales, pues para ello es necesaria una cláusula o regla precisa y concreta, con obligación para los comuneros de su cumplimiento ( STS de 23 de febrero 2006 ), pero la descripción del edificio y de sus partes contenida en los estatutos o en el título de propiedad constituye un elemento relevante en la labor interpretativa que debe llevarse a cabo para determinar el alcance de la aplicación a la realidad concreta de un determinado edificio régimen de comunidad de los conceptos que la ley utiliza para acotar los elementos comunes llamados esenciales.

A su vez, esta labor de concreción de los conceptos contenidos en la ley debe ajustarse a la interpretación restrictiva que esta Sala ha considerado procedente cuando se trata de analizar las limitaciones que afectan a la propiedad individual. Como dice la STS de 7 de febrero de 1989 , «toda limitación a la propiedad individual, al derecho singular, ha de interpretarse de modo restrictivo, salvo que afecte en esta especial institución y yuxtaposición de propiedades, a los elementos comunes » y de ahí que el art. 7 LPH debe interpretarse como una declaración de los derechos de disfrute del titular sobre su inmueble otorgándole las máximas posibilidades de utilización ( STS de 5 marzo de 1998 ).

Desde esta perspectiva esta Sala ha considerado como obras intrascendentes que no afectan a los elementos comunes aquellos cerramientos que no son perjudiciales para los restantes propietarios ni menoscaban o alteran la seguridad del edificio ni su configuración hacia el exterior ( SSTS de 6 de abril de 2006 y 25 de mayo de 2007 )» .

Procede recordar la doctrina, invocada por los recurrentes y sostenida por el Tribunal Supremo y por varias Audiencias, entre las que se cuenta esta misma Sala, en el sentido de que cuando las alteraciones consentidas por la Comunidad (toldos, cerramientos, acristalamientos) se han introducido en la mayoría de los pisos, las nuevas no dan en puridad lugar a la modificación de la finca, sino que tienden a su uniformidad, por lo que no debe obligarse a su retirada ( Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1990 [RJ 1990,8277], Sentencia de la Aud. Provincial de Valladolid -Secc. 3a- de 28 de octubre de 1998 [AC 1998\8305], Sentencia de esta Secc. 3a de la AP de Castellón núm. 312 de 9/6/2000 ).

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 9 de Enero del 2012 (ROJ: STS 236/2012), Recurso: 887/2009 , al referirse a esta cuestión indica que «Como expone el recurrente a través del primer motivo de su recurso, las sentencias de esta Sala citadas declaran que el principio de igualdad prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados.

En cuanto a la doctrina del abuso de derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC n.o 1820/2000 ) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho exigiendo su apreciación, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo). En materia de propiedad horizontal, el abuso de derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga un beneficio amparado por la norma» .

Estas consideraciones las entendemos aquí aplicables porque si hemos concluido que las obras realizadas afectan a la fachada y que han sido parte del nuevo cerramiento de esa vivienda, si no se pide la retirada de dicho cerramiento ni a los vecinos aquí demandados, ni al resto de los que lo han realizado, no existe razón para que se elimine una parte de las obras realizadas, cuando la alteración de esa fachada por la supresión de la pared tiene una incidencia mínima en la estética del edificio, hasta el punto de que apenas es perceptible desde el exterior, y no altera por ello una uniformidad en el cerramiento de esa fachada que como tal no existe.

Entendemos de acuerdo a la Sentencia antes mencionada, que podría calificarse de abusivo y contrario al principio de equidad, que la Comunidad haya acordado primero en un reglamento propio, aprobado en Junta de fecha 21 de abril de 2000, la prohibición absoluta de realización de obras o reformar que afecten a la estética del edificio, entre las que enumera los cerramientos de las terrazas y las instalaciones de aire acondicionado y que después haya permitido dicho cerramientos, en la forma tan diferente a como puede apreciarse en las fotografías aportadas, creando incluso en algunas viviendas estancias nuevas, colocando armarios, aparatos de aire acondicionado y una nueva salida de humos en la fachada, lo que ha autorizado expresamente la comunidad en ocasiones, como consta en las actas aportadas, y sin que en otros casos haya actuado en forma alguna, a pesar de tratarse de obras que a diferencia de las del caso que nos ocupa pueden verse sin dificultad desde el exterior.

Entendemos por todo ello que la demanda debe desestimarse, estimando en consecuencia ambos recursos de apelación interpuestos, revocando la resolución recurrida. TERCERO.-Respecto a las costas de la primera instancia se imponen a la parte demandante, al desestimar la demanda y de acuerdo con lo establecido en el artículo 394 de la LEC .

Con relación a las costas de la alzada no realizamos expresa imposición de costas al estimar los recursos de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 398-2 de la LEC .

Por otro lado, deberá procederse a la devolución de las cantidades depositadas para recurrir conforme lo previsto en el ap. 8 de la Disp. Ad. Decimoquinta de la LOPJ

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Doña Natividad , Don Severino y Doña Valentina , contra la Sentencia dictada por la Sra. Juez de apoyo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón en fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce , en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 2428 de 2009, REVOCAMOS la resolución recurrida que dejamos sin efecto y desestimamos la demanda interpuesta, imponiendo las costas de la primera instancia a la parte demandante.

No se realiza expresa imposición de las costas de la alzada.

Devuélvase a la parte recurrente la cantidad consignada como depósito para recurrir al estimar los recursos de apelación.

Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

Si desea más información sobre la obra de acristalamiento en la terraza y el quórum necesario para aprobarla, por favor consulte nuestro artículo sobre Instalación y mantenimiento de cristales y vidrios. Si desea más información sobre obras o necesita un presupuesto específico, por favor consulte nuestra sección sobre Obras.

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